Fernanda Durán
Aunque la desincorporación y subasta de 18 inmuebles municipales aprobada por el Cabildo de San Luis Potosí es una facultad exclusiva del Ayuntamiento, el Congreso del Estado se mantendrá atento al proceso debido al monto millonario que podría obtenerse y a los posibles riesgos de especulación, señaló el diputado César Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial e integrante de la Comisión de Vigilancia.
“En términos de ley no nos corresponde al Congreso tener alguna injerencia en esta decisión que entiendo que ya tomó el Cabildo por unanimidad. Ya la ley le da la facultad para ejercer esta facultad”, explicó el legislador, al reconocer que el procedimiento se encuentra dentro del marco legal municipal.
No obstante, advirtió que el tema genera inquietud por la magnitud de los recursos que podrían recaudarse —cercanos a mil millones de pesos— y por la necesidad de garantizar que el proceso se desarrolle con total claridad.
“Desde luego que estamos atentos y preocupados porque estamos hablando de una cantidad importante, una cantidad millonaria de dinero que también entiendo que no se podrá llevar al gasto público”.
El diputado recordó que, conforme a la normativa, los recursos derivados de la venta de patrimonio municipal deberán destinarse exclusivamente a obra pública, por lo que es importante vigilar su correcta aplicación.
Uno de los principales puntos de alerta, dijo, radica en la posible especulación sobre los predios que serán subastados. Señaló que sería fundamental conocer a detalle la ubicación y características de los terrenos para evitar ventajas indebidas.
“Tendríamos que conocer a detalle dónde están los predios, cuáles son los predios de cada uno de ellos y sobre todo cuidar la especulación que se pudiera generar con estos terrenos”.
Incluso planteó la posibilidad de escenarios irregulares si no existe suficiente transparencia en el proceso, por lo que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado deberá realizar su labor de revisión en la medida de sus atribuciones.
“Evidentemente el Instituto de Fiscalización tendrá que hacer su trabajo en la medida de lo posible y nosotros como Congreso de manera general, como diputados, cuidar los bienes que no son del Ayuntamiento, son de la ciudadanía, del pueblo potosino”.
Cuestionado sobre si desde la Comisión de Vigilancia se promovería alguna revisión formal al Instituto de Fiscalización, Lara Rocha consideró que sería prudente.
“Desde mi visión sería prudente que lo hagamos”, señaló, al agregar que contar con información clara ayuda a evitar especulaciones.
El legislador también reconoció que la decisión podría sentar un precedente para otros municipios que enfrenten limitaciones presupuestales y opten por mecanismos similares para allegarse recursos.
Sin embargo, recordó que los ayuntamientos, como entes autónomos, cuentan con facultades propias para ejercer este tipo de acciones, por lo que la tarea del Congreso sería mantenerse vigilante del uso adecuado de los recursos.
“Que nos pudiera dar cierto nivel de tranquilidad a lo mejor que este recurso tendría que estar etiquetado y es ahí donde tenemos que estar atentos a que se use en obra pública y ver evidentemente los números como se van utilizando”.
Sobre la posibilidad de que sea necesario modificar la Ley de Ingresos del municipio para incorporar estos recursos extraordinarios, el diputado reconoció que el tema aún debe revisarse, aunque al tratarse de una partida etiquetada podría no requerirse ajuste formal.
De esta manera, aunque el Congreso no tiene competencia directa en la decisión tomada por el Cabildo capitalino, el diputado sostuvo que el Poder Legislativo debe mantenerse atento al proceso para garantizar que la enajenación del patrimonio municipal y la aplicación de los recursos se realicen con transparencia y en beneficio de la ciudadanía.